En pleno siglo XX se dieron los peores crímenes de lesa humanidad; y después de que las Naciones Unidas emitieran la Carta Universal de los Derechos Humanos, vimos casos como la matanza en Ruanda en 1994, que dejó un saldo de 800.000 muertos; y sin ir muy lejos, en Guatemala y toda Centroamérica se han producido crímenes horribles contra diferentes grupos étnicos. Lo que nos hace tomar conciencia de que no debemos olvidar el pasado: tenemos que recordar la historia, pues es el mejor legado que le podemos dejar a las generaciones venideras. No debemos permitirnos repetir el oscuro siglo XX.

Todo esto produjo la certeza acerca de la urgencia y necesidad global, no sólo de elaborar leyes sino apoyar proyectos que promuevan la defensa de los Derechos Humanos y el respeto por las diferencias, ya sean políticas, religiosas o de cualquier índole. El Artículo 1° de vuestra Constitución política dice que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.” En ustedes, señores legisladores, ha sido depositada la obligación de salvaguardar dicho principio y desarrollar leyes justas que busquen la paz, la armonía, el bienestar y la prosperidad de sus conciudadanos. Esas leyes se convertirán en los bastiones contra la discriminación, el odio y la violencia.

Hasta la fecha ha sido la guerra más mortífera de América Latina, considerado por muchos historiadores como el genocidio americano; pero de ella ha quedado como ejemplo un gesto noble y generoso del gobierno de Colombia que ofreció la nacionalidad a todo paraguayo que pisare su suelo.  Cosa totalmente diferente ocurrió en 1939 cuando el barco Sant Louis partió de Hamburgo con cerca de mil pasajeros, la mayoría refugiados judíos que huían de la persecución nazi, y al que no se le permitió desembarcar en Cuba ni en los Estados Unidos, debiendo regresar a Europa para entregar sus pasajeros directo a las cámaras de gas.